Desde la adopción de la Ley 96 en 2022, la lengua francesa ocupa un lugar reforzado en los entornos laborales. El artículo 46 obliga ahora a las empresas a garantizar que sus empleados sean capaces de comunicarse en francés, tanto internamente como con la clientela. Esta exigencia se suma a las relacionadas con la inmigración, en particular los niveles requeridos para renovar un permiso de trabajo o presentar una solicitud de residencia permanente.

Las recientes reformas del Ministerio de Inmigración imponen requisitos lingüísticos precisos para la renovación de permisos de trabajo y la residencia permanente. Por ejemplo, ahora se exige un nivel 4 o 7 en expresión oral, según el programa correspondiente. Para un empleador, esto significa que, sin apoyo lingüístico, un trabajador podría no ser elegible para permanecer en el país. La francización se convierte así en un tema clave de retención, pero también en una inversión estratégica para la estabilidad del equipo.